¿Quién conspira contra Iberdrola?

¿Por qué se hacen eco algunos medios de comunicación españoles, planificádamente dispersos y con sospechosa velocidad, que una comisión sin importancia relaciona su negativa a una operación inversora con el caso Villarejo?

Todo apunta a una confabulación contra Iberdrola que está afectando a las inversiones y a la credibilidad de España en el exterior. Ya se ha demostrado que el documento principal era falso. Un documento que fue la base para que el presidente de Iberdrola fuera investigado. Por eso la defensa insiste en llevar a cabo las diligencias precisas para verificar la autenticidad del escrito, pero ¿por qué el juez no ha practicado tales diligencias? Mientras tanto, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, no ha parado de pedir declarar para aclarar cualquier duda, pero la Audiencia Nacional no le ha permitido personarse.

En la trama que se ha montado están algunas empresas petroleras contaminantes de EEUU, los enemigos de la Gobernadora de Nuevo México y unos bufetes españoles. Abogados que parece ser que son los que filtran las noticias contra Galán e Iberdrola a los medios. Y a saber de quién cobran mientras ponen en riesgo grandes inversiones españolas en el exterior.

El tema de Nuevo México

Los envidiosos no pueden soportar que Iberdrola, como dice uno de sus ejecutivos, sea un 25% más grande que el Santander, el doble que el BBVA, tres veces Telefónica y cuatro veces Repsol. Todo ello debido a la exitosa expansión llevada a cabo por Ignacio Galán y su equipo desde que desembarcó a la empresa vasca.

Iberdrola, llamada Avangrid en EEUU, cotiza en Wall Street siendo la tercera eléctrica renovable de Estados Unidos con cerca de 10.000 MW. En definitiva, diez millones de norteamericanos gozan de la electricidad que produce la empresa española. Y, además, Galán piensa invertir durante 2020-2025 en EEUU nada más y nada menos que 30.000 millones de dólares. Un espectacular negocio que no puede soportar la trama porque, aún sin haber terminado de construir con ingenieros vascos el primer parque eólico marino de EEUU (Vineyard Wind) valorado en 3.000 millones de dólares, su electricidad ya está vendida para su venta en Massachusetts.

Que el negocio sea bueno, fruto de la tecnología vasca y la audacia de gestión, supone que Iberdrola-Avangrid ya haya firmado un contrato para un parque eólico en Conneticut de otros 3.000 millones de dólares. También dispondrán de 800 MW en Park City Wind en 2026. Además de estar esperando la autorización de 1.200 MW en Massachusetts y de 2.500 MW en Carolina del Norte.

Por todo esto apenas tiene importancia lo de Nuevo México. Primero porque es sabido el apoyo de la Gobernadora y del Fiscal General a Iberdrola. Además, la compra de la empresa PNM ya fue aprobada por la Public Utility Commission de Texas. Y otras instituciones federales están muy interesados: Committee on Foreign Invesment in the US, Federal Energy Regulatory Commision, Federal Communications Commision, Hart-Scott-Rodino Clearence…

Antes nos preguntábamos cómo una inversión aprobada por la Federal Energy Regulatory Commision tiene en contra a una pequeña comisión popular de Nuevo México. Y aquí, como hemos dicho, aparece una parte de la trama que tiene su centro en España.

Más allá de las sospechas sobre algunos comisionados, la relación entre generar energía limpia en Nuevo México y la lentitud de un juez en la Audiencia Nacional es absurda. ¿Por qué no dijeron nada cuando rechazaron otras operaciones? No sé formó ningún escándalo cuando no se autorizaron las operaciones de NextEra-Oncor, Exelon-Pepco, Hydro One y Avista, entre otras. Por que aquí lo que les importa es poner la zancadilla a Iberdrola.

La trama no es la que se piensa

Descartemos distraídos que pasaban por allí. En la trama no forma parte una ministra despistada que aprobó castigar fiscalmente la producción de energía limpia en España. Aunque ya dio marcha atrás ante semejante error.

Tampoco tiene que ver con la trama la presencia de las empresas de gas en el Gobierno de España, que defiende a las empresas que más CO2 están provocando. Un lobby que tiene, como comentábamos hace unas semanas aquí, como protagonista a Natalia Fabra en el Foro Asesor de la ministra Ribera o en el Consejo Asesor de la ministra Calviño. ¿Y qué problema hay con Fabra? Pues ni más ni menos que es consejera de Enagás.

Tampoco forman parte de la trama la competencia española. Naturgy haciendo el agosto con la subida del precio del gas, pues ha aumentado un 57% su beneficio. O Repsol cuyos beneficios extraordinarios a costa del depósito de gasolina de los ciudadanos es inadmisible. Eso sí, Endesa se dedica a producir electricidad muy contaminante derivada del carbón y Repsol propuso a Pablo Casado en noviembre volver al carbón. Sólo Iberdrola lleva casi veinte años promoviendo las descarbonización de la tierra y la utilización de energías limpias.

Entonces, ¿quién está detrás de esta absurda confabulación? Todo el mundo en este foro sabe quién urde el montaje y qué intereses persiguen. Y pasarían desapercibidos si no fuera porque ponen en riesgo la imagen y las inversiones de España.

El origen del documento falso y la cadena de custodia

Una de las cuestiones que más inquieta a los analistas jurídicos es de dónde salió exactamente el escrito que sirvió de base para imputar al presidente de Iberdrola. La defensa ha solicitado en reiteradas ocasiones que se practique una pericial caligráfica y de antigüedad de la tinta, pero la Audiencia Nacional sigue sin autorizarla. Mientras tanto, ningún medio español ha explicado con rigor quién entregó ese papel a la comisión que lo hizo público, ni cómo pasó de un supuesto archivo privado a los titulares de la prensa en menos de veinticuatro horas. Esa cadena de custodia rota es, en sí misma, una anomalía procesal que normalmente bastaría para archivar cualquier causa en un Estado de derecho.

Lo que sí se sabe, por declaraciones cruzadas de testigos, es que el documento apareció en Nuevo México en un entorno muy concreto: bufetes que habían perdido pleitos contra Iberdrola y ejecutivos de petroleras que llevan años litigando contra las renovables. No es casualidad que la empresa española se haya convertido en el principal inversor eólico de ese Estado y que, justo en ese momento, surgiera un papel que pretendía vincular a su cúpula con el caso Villarejo, un asunto ya juzgado y en el que Iberdrola ni siquiera fue parte acusada. La pregunta que nadie responde es por qué un juez español da verosimilitud a un documento sin cadena de custodia cuando la propia defensa pide contrastarlo con los originales.

La CNMV, los fondos internacionales y el coste silencioso del acoso

El daño reputacional no es abstracto: cada noticia filtrada contra Iberdrola tiene un efecto directo en la cotización y en las primas de riesgo que pagan sus emisiones de deuda. Fondos de pensiones norteamericanos, inversores británicos y aseguradoras alemanas han trasladado en privado su preocupación por la judicialización de decisiones empresariales que, en cualquier otro país, se resolverían por la vía mercantil. La propia Comisión Nacional del Mercado de Valores ha recibido escritos de inversores minoritarios preguntando por qué las filtraciones sobre una empresa del Ibex 35 se producen siempre en fines de semana y con documentos que luego resultan no ser firmes.

• Caídas puntuales de cotización coincidentes con cada filtración periodística.
• Incremento del coste de financiación de proyectos renovables en Estados Unidos y Brasil.
• Retraso en la firma de contratos de suministro a largo plazo con utilities europeas.
• Avisos de compliance de bancos de inversión que exigen due diligence adicional por “riesgo reputacional España”.

El silencio de la CNMV ante este patrón es especialmente llamativo. Mientras se persigue con lupa cualquier rumor sobre otras cotizadas, en el caso de Iberdrola se tolera que documentos sin autenticar circulen por redacciones antes de llegar al juzgado. Ese doble rasero no solo perjudica a la compañía, sino que envía un mensaje demoledor a cualquier inversor extranjero que esté pensando en comprometer capital a largo plazo en infraestructuras españolas.

La batalla por la transición energética y el papel de las petroleras

Detrás de la aparente maraña judicial hay un conflicto industrial de fondo: Iberdrola es hoy el mayor operador eólico del mundo y uno de los pocos grupos europeos con capacidad para competir de tú a tú con las grandes petroleras estadounidenses en el mercado de las energías limpias. Esas petroleras, que durante décadas financiaron campañas de desprestigio contra la ciencia climática, han visto cómo la compañía española les arrebataba contratos municipales, subastas estatales y acuerdos corporativos de compra de energía en Texas, Nuevo México y Arizona. La respuesta no ha sido competir en precio o tecnología, sino judicializar la actividad del rival mediante bufetes que antes representaban a esas mismas petroleras en litigios ambientales.

El caso Villarejo, convenientemente reabierto a golpe de filtración, sirve para ensuciar un nombre que en otros mercados es sinónimo de innovación y descarbonización. Ningún medio español ha explicado que Iberdrola fue una de las primeras eléctricas europeas en cerrar todas sus centrales de carbón ni que su plan de inversión en redes y renovables supera los 40.000 millones de euros. En lugar de eso, se difunde la idea de que una comisión sin competencias puede tumbar una operación de miles de millones en Estados Unidos basándose en un papel sin verificar. Si ese es el estándar, cualquier empresa española con intereses en el extranjero está expuesta a que un competidor con un bufete amigo fabrique un documento y lo filtre a un medio afín.

El precedente peligroso para la seguridad jurídica en España

Lo que está en juego no es solo el futuro de Iberdrola, sino la credibilidad del sistema judicial español ante los arbitrajes internacionales. Varios despachos de Londres y Nueva York ya han empezado a incluir cláusulas específicas en contratos con sociedades españolas para cubrirse del “riesgo de filtración procesal”. Es decir, que un juez admita documentos sin pericial, que la prensa los publique antes de que la defensa los conozca y que la presunción de inocencia quede en suspenso durante meses. Ese cóctel, repetido en el tiempo, convierte a España en una jurisdicción menos fiable para resolver disputas mercantiles, lo que a la larga encarece el crédito y ahuyenta la inversión productiva.

La defensa de Iberdrola ha pedido formalmente que se investigue quién filtró el documento falso a los medios y quién pagó a los bufetes que orquestaron su difusión. Si la Audiencia Nacional no actúa, quedará demostrado que en España se puede destruir la reputación de una empresa estratégica con un simple anónimo bien colocado. Y lo que es más grave: que los jueces pueden ser utilizados como herramienta de competencia desleal, algo que ningún socio comercial de España está dispuesto a tolerar. La pelota está en el tejado del poder judicial, y el tiempo corre en contra de la credibilidad del país.