“El gobierno tiene que velar por el bienestar de los ciudadanos” declaró Amaro Huelva
Amaro Huelva, senador y coordinador del Grupo Parlamentario del PSOE en Huelva, ha declarado que su partido va a seguir pidiendo al Gobierno central, que se detengan los proyectos de almacenamiento de gas natural en el subsuelo del de Doñana ya que para él, los ciudadanos deben estar antes que la especulación.
Amaro Huelva ha declarado en rueda de prensa “el Gobierno tiene que velar por el bienestar de los ciudadanos y no el de Gas Natural y seguiremos en la brecha para pedir que se paren”. Todas estas declaraciones vienen a consecuencia de las peticiones de los defensores del pueblo andaluz pero sobre todo por el reciente informe realizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que asegura que en diciembre de 2017 alertan de que uno de los almacenes subterráneos tiene un riesgo de inundación más elevado del inicialmente admitido.
El senador socialista ha admitido que “ no sabemos qué organismos tienen que pronunciarse sobre el tema, pero realizaré más acciones para que el ministro de Industria y Energía, de la cara ya que no pueden ser cómplices de las aberraciones contra Doñana”. También ha mostrado su preocupación por la obsesión del Gobierno por seguir adelante con el proyecto del gas sin hacer caso de las sugerencias del PSOE e incluso la proposición de Ley para pedir la paralización de estos.
El PSOE ha dejado claro que ya advirtió de que “la división era un gravísimo eror y ha supuesto que no valoren el impacto ambiental del proyecto en su conjunto. Doñana es una pieza muy importante de la provincia, quizás una de las más, y no podemos permitir que se hagan estas barbaridades por capricho de unos pocos”, indicando que Amaro Huelva quiere destruir todo aquello que ha costado mucho a los onubenses poner en valor.
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Las advertencias técnicas del IGME y el riesgo de inundación
El informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) al que se refiere el senador Amaro Huelva no es un documento menor. En sus conclusiones, fechadas en diciembre de 2017, los técnicos advierten de que el almacenamiento subterráneo de gas conocido como “Marismas Occidental” presenta un riesgo de inundación superior al que se había admitido en la documentación inicial del proyecto. Esta circunstancia, según el PSOE, debería haber llevado a una suspensión cautelar inmediata de las autorizaciones.
Los socialistas onubenses insisten en que no se trata de una cuestión ideológica, sino de seguridad y de protección del espacio natural. “No podemos permitir que se juegue con la integridad de Doñana basándose en informes optimistas que la propia Redacciónistración ha desmentido después”, ha señalado Amaro Huelva, que ha recordado que la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya había expresado dudas sobre la capacidad de drenaje de las formaciones geológicas donde se pretende inyectar el gas.
El PSOE ha pedido además que se hagan públicos todos los estudios hidrogeológicos complementarios elaborados a raíz de las alertas del IGME. Consideran que la opacidad del Ministerio de Industria y Energía impide a los ayuntamientos y a las organizaciones agrarias evaluar el impacto real sobre los acuíferos que abastecen a los cultivos del entorno de Doñana.
La proposición de ley socialista y el silencio del Gobierno
El Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Congreso una proposición de ley para prohibir de forma expresa el almacenamiento de gas natural en el subsuelo de Doñana y su entorno. La iniciativa, registrada tras varios meses de movilizaciones vecinales y ecologistas, no ha recibido hasta la fecha una respuesta formal por parte del Ejecutivo, lo que ha generado malestar en las filas del PSOE onubense.
Amaro Huelva ha lamentado que la Mesa del Congreso no haya calificado aún la proposición, pese a que fue presentada con el respaldo de varios grupos parlamentarios. “Parece que al Gobierno le molesta que hablemos de Doñana, pero nosotros no vamos a callarnos. Mientras no se vote esa ley, seguiremos exigiendo explicaciones al ministro”, ha declarado.
En paralelo, el senador ha anunciado una batería de preguntas parlamentarias dirigidas al Ministerio para la Transición Ecológica y al de Industria, con el fin de conocer el estado real de los permisos de investigación y explotación concedidos a Gas Natural Fenosa en los cuatro almacenes proyectados: Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar.
El rechazo de los municipios del entorno y de los regantes
La oposición a los proyectos de gas no se limita a los partidos políticos. Varios ayuntamientos de la comarca de Doñana, gobernados por distintas formaciones, han aprobado mociones en contra de los almacenamientos subterráneos, al considerar que ponen en riesgo el suministro de agua para riego y para consumo humano. Almonte, Hinojos, Bollullos Par del Condado y Lucena del Puerto son algunos de los municipios que han expresado su rechazo de manera formal.
Las comunidades de regantes también han mostrado su preocupación. El presidente de una de las principales asociaciones de regantes del entorno de Doñana ha señalado que “no entendemos por qué se autorizan proyectos que pueden salinizar los acuíferos y arruinar a miles de familias que viven del campo”. Los agricultores temen que una fuga de gas o una alteración de la presión hidrogeológica afecte a la calidad del agua que utilizan para sus explotaciones.
- Mociones aprobadas en al menos doce ayuntamientos de la provincia de Huelva.
- Movilizaciones de plataformas ciudadanas como “Doñana no se vende”.
- Informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en dos de los cuatro almacenes.
El PSOE ha recogido estas demandas y las ha trasladado al Parlamento andaluz y al Congreso, con la intención de forzar un debate monográfico sobre la seguridad de los proyectos gasísticos en espacios naturales protegidos.
El papel del Defensor del Pueblo Andaluz y las instituciones europeas
La presión sobre el Gobierno central no solo llega desde el ámbito político y local. El Defensor del Pueblo Andaluz, tras recibir numerosas quejas ciudadanas, abrió una actuación de oficio y emitió una resolución en la que instaba a las Redacciónistraciones competentes a revisar los permisos de almacenamiento de gas en Doñana. En su escrito, el Defensor advertía de que el principio de precaución debe prevalecer cuando están en juego recursos naturales de interés general y la seguridad de las poblaciones cercanas.
El senador Amaro Huelva ha valorado positivamente esa actuación, pero ha insistido en que “no basta con recomendaciones: hace falta voluntad política para detener los proyectos de una vez por todas”. Por ello, el PSOE ha anunciado que trasladará la situación a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, con el fin de que la Unión Europea evalúe si se están vulnerando las directivas comunitarias de hábitats, aguas y evaluación ambiental.
Además, los socialistas onubenses han solicitado una reunión con la ministra para la Transición Ecológica y el comisario europeo de Medio Ambiente, con el objetivo de exponer los informes del IGME y pedir una moratoria europea para cualquier actividad de exploración o explotación de hidrocarburos en el subsuelo de Doñana. “Europa no puede mirar para otro lado mientras se pone en riesgo una reserva de la biosfera reconocida por la UNESCO”, ha concluido Amaro Huelva.
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